La operación “Enredadera” azota 16 municipios

La operación “Enredadera” azota 16 municipios y a varios de sus trabajadores

Alejandro Pizarro/ Prensa Madrid Sur

El pasado mes de Julio la conocida macrooperación “Enredadera” fue desmantelada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dejando a su paso un número considerable de municipios afectados y varios detenidos, entre los que se incluyen el jefe de policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano y el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, que ha sido el primer regidor de la formación naranja arrestado por un posible delito de corrupción, y al que ya se le ha suspendido de la militancia.

La gravedad del asunto fue de tal magnitud que, debido a la revuelta generada en las redes sociales, la policía informó el Martes 3 de Julio, a primera hora, que la investigación en la que formaban parte 580 agentes de la UDEF, se había centrado en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, como por ejemplo, en semáforos.

Según una nota de prensa de la Fiscalía de Autocorrupción, los hechos que fueron investigados en la “Operación Enredadera”, están estrechamente ligados con otros delitos, tales como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental por funcionario público y por particular, revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Rápidamente, los ayuntamientos afectados enviaron comunicados negando su participación en esta operación o asegurando su colaboración con la policía desde el primer momento, argumentando una política de “transparencia”.

El juzgado que decretó el secreto de sumario de dichas actuaciones, autorizó la entrada y posterior registro en los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto , Torrelodones, Viñanueva de la Cañada y la ya mencionada Parla. A su vez, ordenó la práctica de requerimientos de documentación, los cuales tienen que ser cumplimentados en presencia de la policía, en Galapagar, El Escorial, Brunete, Aldea del Fresno y Manzanares El Real. Otros municipios afectados han sido los consistorios de Hoyo de Manzanares y Guadarrama.

El municipio de Parla, por ejemplo, se mostró “tranquilo” ante lo sucedido, a pesar de que agentes policiales se personaron en el Ayuntamiento y solicitaron diferentes contratos vinculados a los radares establecidos en la localidad en el año 2014 y a concesiones referentes a la seguridad vial que se remontaban al año 2005.

En lo que respecta al cuerpo policial, José Franciso Cano, jefe de policía de Fuenlabrada y secretario de Unijepol (organización que reúne a los jefes de policías de todo el territorio español), no ha sido el único detenido, pues el oficial de la Policía local de Alcobendas, Julio V. y el subinspector de la policía local, también. Aunque también han sido arrestados otros nombres importantes como el del empresario José Luis Ulibarri, el cual ya fue investigado durante “La trama Gurtel” y que se añade a una lista de detenidos que ronda las 35 personas entre autoridades y funcionarios del PP, el PSOE y Ciudadanos.

Y es que, en lo que respecta a la formación naranja, y a parte del alcalde de Arroyomolinos, también vio como de sus filas eran afectados otros nombres como Sadat Maraña, asesor en la diputación de León, y Juan Carlos Fernández, portavoz en el ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo (León).

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